La situación legal sobre los predios del ex centro de salud Santa Lucía, aún no está definida; además continúa vigente la medida cautelar que establece que ninguna entidad puede tomar posesión del inmueble. En horas de la mañana en conferencia de prensa, el asesor legal del Gobierno Autónomo Departamental de Oruro y el Servicio Departamental de Gestión Social, dieron detalles del caso, con el propósito de dar información fidedigna a la población.
Por parte del municipio, la pasada jornada dieron a conocer una resolución, con argumentos de “victoria”; sin embrago, de acuerdo a la explicación legal esta resolución no adquirió firmeza y no es ejecutoria.
El asesor legal de la Gobernación, Abg. Limbert Loredo Berbetty mencionó que se notificó con una resolución emitida por el Juzgado N° 11 y al momento se está pasando por una etapa recursiva.
Asimismo, aseveró que sigue vigente el plazo de impugnación y como Gobernación se planteó un recurso de reposición contra el auto emitido por el Juez, considerando los posibles agravios en su resolución.
“Como Gobierno Autónomo Departamental creemos que es muy importante generar certeza y claridad en la información que se emite a la población a efectos de no generar desinformación”, aseveró Loredo.
Por su parte, el encargado del área jurídica del Servicio Departamental de Gestión Social (Sedeges), Abg. Emerick Medrano Pari detalló el procedimiento que se siguió, el cual comenzó con la demanda de usucapión interpuesta el 2001 y por la situación, siendo acciones velando por el bienestar de la población.
En tanto, la jefe de unidad de asistencia social y familia del Sedeges, Dra. Guadalupe Ramírez Angulo resaltó que el proceso de usucapión continúa vigente, ya que no existe ejecutorial de ley para que el municipio adelante criterios o planteamientos como comenzar con el traslado de algunas oficinas al lugar.
Recordó la existencia de una medida cautelar, la determinación de la autoridad judicial que notifica al Comando Departamental de la Policía para resguardar estos ambientes; por lo que ninguna de las partes en conflictos debe ocuparlos.
